Birmania rechazó el lunes, ante un responsable de la ONU, acusaciones de «abusos» por parte de las fuerzas de seguridad durante recientes violencias comunitarias en el oeste del país, luego de que las Naciones Unidas manifestaron su preocupación por la represión contra la comunidad musulmana.
Durante una conferencia de prensa a la cual asistió Tomas Ojea Quintana, relator especial de la ONU sobre la situación de los Derechos Humanos en Birmania, el ministro birmano de Asuntos Exteriores aseguró que su gobierno había hecho prueba de un «máximo de moderación» para acabar con las violencias en el Estado Rajin.
«Birmania rechaza rotundamente las acusaciones formuladas por algunos medios de que abusos y una utilización excesiva de la fuerza fueron cometidos por las autoridades», declaró Wunna Maung Lwin.
El martes, Ojea Quintana debe viajar al Estado Rajin, donde decenas de miles de personas, en su mayoría musulmanes, siguen desplazados después de las violencias del mes de junio entre budistas y musulmanes.
La semana pasada, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos Navi Pillay había indicado haber recibido informaciones según las cuales las fuerzas de seguridad birmanas atacaban a la comunidad musulmana y en particular a la minoría apátrida de los rohingyas.
Recientemente, Amnistía Internacional también se refirió a informes «creíbles» sobre abusos por parte de la minoría rajin budista y de las fuerzas de seguridad.